Educación e instrucción

No termina de cerrarse el debate en torno a la educación universitaria gratuita. Es de admirar la perseverancia de sus proponentes. Seguro que si se propusieran conseguir cualquier otra cosa con ese mismo empeño, lo lograrían. Pero este debate se trata de algo más que de plata, y eso ellos lo saben bien, por eso la perseverancia. Además está el interés particular de un grupo que dispone de tiempo y medios para presionar. El interés general, al ser más difuso, tiende a ceder siempre ante presiones de grupos.

La educación sería un derecho de las personas, por lo mismo, nadie debería verse privado de ella por falta de recursos. El Estado, por tanto, debería  garantizarla, gratuita y de calidad (lo primero se define por sí mismo, lo segundo es muchísimo más confuso). Pero este debate descansa, en gran parte, en una confusión; falacia de la ambigüedad, dirían los retóricos.

Una cosa es la educación, aquel conjunto de conocimientos y hábitos que permiten a una persona alcanzar su desarrollo como persona, cosa compleja de definir, y otra cosa distinta es la instrucción, aquellos conocimientos y habilidades que permiten a una persona ganarse la vida. En general se asume que una persona educada es instruida, pero eso no es necesariamente así, y  lo opuesto aún menos.

Si bien se puede afirmar que la educación es un derecho de la persona, porque es tan necesaria para vivir humanamente como el alimento es necesario para simplemente vivir, es más complejo poner a la instrucción, qué es más bien una herramienta para ganarse la vida, en esa misma categoría. Además, no es en modo alguno claro que sea un deber primario de la comunidad política, del Estado, educar a una persona joven en este sentido, como no lo es el alimentarla.

Como ya se ha mencionado en otro lugar, si la instrucción fuese un derecho que debiera estar universalmente garantizado, el Estado tendría que subsidiar cursos de conducción, de operación de maquinaria y de tantas otras cosas que permiten ganarse la vida honestamente. Yendo más lejos todavía, si los medios para ganarse la vida fuesen un derecho social, el Estado tendría el deber de sustentar los emprendimientos de aquellos que decidieran no ir a la universidad.

El problema profundo, el origen de esta ambigüedad, es que en nuestro país la educación se concibe casi completamente como instrucción. El cultivo de lo humano, los saberes liberales, existen en un plano muy secundario. Esto una gran pérdida. Respecto de ellos, dada la función social que cumplen –que no es una función utilitaria– la comunidad política tendría algunos deberes. Pero en Chile no sabemos lo que decimos cuando hablamos de educación.