Comencemos enunciando una verdad contingente: quien tiene el
poder rara vez se desprende de él por iniciativa propia. Es más, quien tiene
poder tiende a querer aumentar su poder. Las ocasiones históricas en las que un
poderoso ha limitado o disminuido su poder sin mediar una fuerza externa pueden
contarse con los dedos de una mano. Prosigamos con otra afirmación: mientras
más se gobierne a sí mismo cada ciudadano, menos necesita ser gobernado por
otros.
Las AFP son un límite al poder político: un dinero que los
gobernantes no pueden tocar. Sin embargo, los políticos necesitan dinero para
financiar un aparato estatal que crece continuamente, para recompensar a sus
partidarios con cargos en ese mismo aparato estatal y, sobre todo, para
repartirlo, de una forma u otra, entre los electores para ganar votos y seguir
en el cargo o asegurar el triunfo de algún correligionario. Además, como el
dinero de los fondos de pensiones es mucho y aumenta con el paso del tiempo, es
natural que las ansias de contar ese dinero crezcan cada vez más. Por supuesto,
los ciudadanos necesitarán dinero para vivir durante su vejez, pero ese
problema puede postergarse, y la generación siguiente tendrá que hacerse cargo
(es cosas de mirar el caso de algunos países europeos). El gobernante, como
cualquier otro, quiere sus fondos ahora.
Pero las administradoras de fondos de pensiones no son sólo
un límite al poder político en un aspecto material o económico, también lo son
desde un punto de vista político. Si cada ciudadano es responsable de su propia
vejez, mantiene una cierta libertad. Si, por el contrario, para poder vivir en
sus últimos años recibe una pensión que le da el gobierno, entonces pasa a ser dependiente
del gobierno y de lo que le ofrezca el político de turno. Queda atado o, más bien, el gobernante lo mantiene
bien sujeto por el bolsillo. La otra consecuencia política de una posible
eliminación de los fondos individuales es la división del país. Un noción
sencilla, pero que pocas veces se comprende, es que los bienes materiales, en
estricto rigor, no se pueden compartir –tener en común– sólo se pueden
repartir. En el caso del dinero de los contribuyentes esto implica quitarle a
unos para darle a otros (no se debería hablar tanto de sistemas solidarios –la
solidaridad forzada es una contradicción– sino expropiatorios). Por lo mismo,
el resultado es la división de la población, generalmente trabajadores versus
pensionados.
Demás está decir que no hay ninguna razón para pensar que el
aparato estatal chileno, por una parte muy politizado, por otra, incapaz de
cumplir funciones básicas como controlar la delincuencia y la violencia o de
organizar un sistema de transporte público o una universidad estatal, sería un
buen administrador de fondos de pensiones. De alguna manera, el éxito alcanzado
por el movimiento “No + AFP” es un reflejo del alma nacional, tan dispuesta a
venderse al mejor postor.