lunes, 15 de agosto de 2016

Las AFPs y el poder

Comencemos enunciando una verdad contingente: quien tiene el poder rara vez se desprende de él por iniciativa propia. Es más, quien tiene poder tiende a querer aumentar su poder. Las ocasiones históricas en las que un poderoso ha limitado o disminuido su poder sin mediar una fuerza externa pueden contarse con los dedos de una mano. Prosigamos con otra afirmación: mientras más se gobierne a sí mismo cada ciudadano, menos necesita ser gobernado por otros.  

Las AFP son un límite al poder político: un dinero que los gobernantes no pueden tocar. Sin embargo, los políticos necesitan dinero para financiar un aparato estatal que crece continuamente, para recompensar a sus partidarios con cargos en ese mismo aparato estatal y, sobre todo, para repartirlo, de una forma u otra, entre los electores para ganar votos y seguir en el cargo o asegurar el triunfo de algún correligionario. Además, como el dinero de los fondos de pensiones es mucho y aumenta con el paso del tiempo, es natural que las ansias de contar ese dinero crezcan cada vez más. Por supuesto, los ciudadanos necesitarán dinero para vivir durante su vejez, pero ese problema puede postergarse, y la generación siguiente tendrá que hacerse cargo (es cosas de mirar el caso de algunos países europeos). El gobernante, como cualquier otro, quiere sus fondos ahora.

Pero las administradoras de fondos de pensiones no son sólo un límite al poder político en un aspecto material o económico, también lo son desde un punto de vista político. Si cada ciudadano es responsable de su propia vejez, mantiene una cierta libertad. Si, por el contrario, para poder vivir en sus últimos años recibe una pensión que le da el gobierno, entonces pasa a ser dependiente del gobierno y de lo que le ofrezca el político de turno. Queda  atado o, más bien, el gobernante lo mantiene bien sujeto por el bolsillo. La otra consecuencia política de una posible eliminación de los fondos individuales es la división del país. Un noción sencilla, pero que pocas veces se comprende, es que los bienes materiales, en estricto rigor, no se pueden compartir –tener en común– sólo se pueden repartir. En el caso del dinero de los contribuyentes esto implica quitarle a unos para darle a otros (no se debería hablar tanto de sistemas solidarios –la solidaridad forzada es una contradicción– sino expropiatorios). Por lo mismo, el resultado es la división de la población, generalmente trabajadores versus pensionados.

Demás está decir que no hay ninguna razón para pensar que el aparato estatal chileno, por una parte muy politizado, por otra, incapaz de cumplir funciones básicas como controlar la delincuencia y la violencia o de organizar un sistema de transporte público o una universidad estatal, sería un buen administrador de fondos de pensiones. De alguna manera, el éxito alcanzado por el movimiento “No + AFP” es un reflejo del alma nacional, tan dispuesta a venderse al mejor postor. 

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