por Federico García (publicado en El Sur, de Concepción)
El Senado ha rechazado los tres proyectos de ley sobre el aborto y el debate, naturalmente, ha bajado sus decibeles. La atención pública se centra en otras cosas como la ley anti-discriminación, la delincuencia y el (des)empleo. Aún así, es bueno mirar a algunos de los argumentos que circulan, quizás ahora sea un momento especialmente oportuno ya que hay más calma.
Fundamental es distinguir un argumento concluyente de uno accidental. Si se hace un pequeño análisis –y vaya que nos hace falta- se ve que en la mayoría de los casos se parte por el resultado y luego se busca un argumento.
Tomemos, por ejemplo, aquel que comienza por el dato que en Chile hay muchísimos abortos ilegales. Nuestra legislación, como parece evidente, no se adapta a la realidad. La solución sería liberalizar las leyes de aborto. Pareciera que la discusión quedó zanjada. Sin discutir las estadísticas, que tratándose de actividades clandestinas siempre serán especulativas, podemos ver si tal razonamiento se puede aplicar a otro contexto. Podríamos comenzar por el hecho que en Chile hay muchísima evasión de impuestos. Es obvio, por lo tanto, que la legislación no se adapta a la realidad. Lo que habría que hacer, por lo mismo, es bajar los impuestos.
Creo que se entiende el punto, pero se le puede dar otra vuelta. Se dice, por ejemplo, que en Chile, por una vía u otra, los ricos tienen acceso a abortos seguros, mientras que los pobres tienen que dar a luz a los hijos no deseados o abortar clandestinamente. Sería una exigencia de la equidad, entonces, legalizar el aborto. Pero en Chile ocurre que los ricos tienen acceso a abogados que les ayudan a evitar impuestos mientras que los pobres y la clase media se ven forzados a pagar todos sus impuestos, o son perseguidos implacablemente por el SII. Si se aplica la misma línea argumental, lo lógico sería bajar los impuestos para que ricos y pobres estén en igualdad de condiciones tributarias.
Frente a estos problemas no importa tanto ser consistente en la solución, como la razón para aplicar una u otra. Si lo que se quiere es hacer concordar la ley con la realidad, o igualar a ricos y pobres, es tan válido aumentar la fiscalización y las penas como liberalizar las leyes, en uno y otro caso. Pero eso es evadir la cuestión. Para legislar sobre el aborto no importa si de hecho la legislación se cumple o no, o si los ricos pueden quebrantarla con más seguridad que los pobres. Lo que importa es el bien que deben proteger las leyes, lo que en este caso es la vida humana: cuándo empieza, cuál es el criterio para determinar eso, y si acaso toda vida humana debe respetarse o se puede disponer ella por alguna razón. Cualquier otro argumento accidental puede darse vuelta con sin dificultad.
No son cuestiones fáciles, pero el tema es serio. Darse vueltas argumentando cosas periféricas es cobardía, deshonestidad y pereza intelectual: mal fundamento para nuestras leyes.
La diferencia radica en que el aborto no es legal, por lo tanto no hay regulación, no hay control, no hay fiscalización, no hay castigo por hacerlo mal; mientras que el impuesto es legal, de hecho es una obligación, por lo tanto hay norma, control, fiscalización y por último multas para quienes lo hacen mal. Se entiende el punto? En el primero hay que hacerse cargo de un tema de salud pública que está fuera del sistema, de lo controlado. En el segundo se requiere "mejorar el sistema", pero está en control (se sabe perfecto quien hace qué y cómo).
ResponderEliminarPor lo tanto creo que yerra en su argumento.