Visita papal y Estado laico

“¡Que viva el Papa! (pero que viva lejos)” pareciera el lema de tantos que no dejan de hablar sobre el costo económico de la visita de Francisco. No es sorpresa, estas inquietudes económico-religiosas son tan antiguas como el Evangelio mismo: “uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ‘¿Por qué no se vendió este perfume en trescientos denarios para dárselos a los pobres?’. Dijo esto, no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón y, como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Jesús le respondió: ‘Déjala... ’” (Jn 12: 4-7).

Ah, pero no se trata del costo en sí, sino de que el Estado tenga que asumir una buena parte de él, y más encima que de facilidades tributarias a las empresas que hagan donaciones para cubrirlo. No hay que pensar mal, tratándose del uso de platas fiscales todos estamos igualmente indignados por los despilfarros de los que nos enteramos –no nos queda otra– por la prensa. Pero si acaso el dinero destinado a los gastos de la visita papal hubiese sido mejor usado en otras cosas o hubiese terminado quién sabe dónde, es un asunto distinto. Tampoco se trata de sacar cálculos: si los muchos argentinos que vendrán a ver al Papa dejarán ingresos equivalentes a los gastos, o si la presencia en los medios internacionales que tendrá el país de alguna manera compensa los costos, son cosas marginales. Es una cuestión de principio. No se trata aquí de recibir a un jefe de Estado, como a tantos otros, porque este viaje es pastoral. Todo esto ha llevado a algunos a preguntarse qué tan laico es el Estado de Chile. La respuesta es sencilla en teoría, lo que es más complicado es la relación que tiene un estado laico con una sociedad que es mayoritariamente creyente.

No basta con repetir la consigna de que el Estado ha de ser neutral frente la religión. Por una parte, simplemente no se puede: la pretensión de neutralidad frente a este tipo cosas, aunque sea uno los pilares de la modernidad liberal, es ya un juicio sobre ellas. Además, la realidad es siempre más compleja de lo quisiéramos. El Estado laico puede tratar a las religiones –sin tener una religión oficial– como a cualquier otra iniciativa importante para los ciudadanos y promovida por ellos: así como entrega dinero y reconocimiento a deportistas y a artistas –y la distribución de recursos limitados siempre implica abandonar la neutralidad– no habría razón para escandalizarse porque se entreguen recursos para la venida del Papa. Pero la religión, sobre todo la religión católica, no es una iniciativa más de la que participen los chilenos. La Iglesia estaba en el territorio antes de la configuración actual del Estado y probablemente seguirá estando después de que el Estado de Chile, tal como lo conocemos, desaparezca. No tiene simplemente un valor patrimonial y una presencia histórica, sino que ha configurado la cultura y la sociedad a un nivel que es difícil de reconocer, simplemente por lo habitual: es cosa de considerar el descanso dominical, los nombres que usamos, la celebración de fiestas como la Navidad, etc. Incluso la misma distinción entre lo religioso y lo político es una idea cristiana. Todo esto puede afirmarse o rechazarse, sin imponerse, pero no tan sencillo permanecer simplemente neutral.

La novedad de la Navidad

Los estados modernos son laicos. “Chile es un Estado laico”, no cesan de repetir los laicistas que olvidan que laico no significa oficialmente ateo. Sí, por supuesto, así lo dice nuestra tan vilipendiada constitución. Que la Iglesia, en este territorio, sea anterior al Estado no tiene por qué significar mucho. (El seminario de Concepción, por ejemplo, fue fundado en 1568, lo que lo hace una de las instituciones más antiguas de Chile). No importa, porque la Iglesia seguirá existiendo en este territorio mucho después de que el Estado –laico o no– haya dejado de existir. Pero podemos dejar de lado las cuestiones cronológicas por un momento; que el Estado sea laico, que la Iglesia esté separada del gobierno es, irónicamente, una idea cristiana, porque para que haya separación entre Iglesia y Estado primero ha de haber distinción entre Iglesia y Estado, entre religión y política, y eso es algo típicamente (judeo)cristiano: la fórmula “dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, que a nosotros nos parece tan obvia, fue bastante novedosa en su momento. Sí, el Estado puede ser laico sólo porque la cultura es cristiana; dónde la cultura no es cristiana el césar tiende a creerse dios.

Esta breve consideración sirve para mostrar que para nosotros el cristianismo, y sus implicancias culturales, es algo tan natural que no llegamos a darnos cuenta todo lo presente que está. Si algunos quieren quitar los pesebres y otras imágenes de los lugares públicos para preservar una supuesta neutralidad, a nadie, sin embargo, se le ocurriría suprimir el descanso dominical por su procedencia religiosa: siendo de origen cristiano es parte tan fundamental de la cultura que no puede eliminarse sin gran daño, aunque su sentido esté olvidado. Pero habría que preguntarse cuánto tiempo puede sobrevivir una institución desvinculada de sus fuentes (de hecho, en nuestro país el descanso dominical no pudo imponerse a consideraciones más mundanas). Habría que considerar qué pasa con una cultura que le da la espalda a sus raíces y qué es lo que viene después.  Así, aunque la fiesta de Navidad se vea vaciada de sentido y ahogada en un frenesí de compras, en algún momento conviene preguntarse el por qué y el para qué de esta celebración.

Un mundo que socava sus fundamentos cristianos podrá conservar muchas de las cosas buenas que trajo el cristianismo, como la Universidad o la música sacra (y por lo demás, también se puede vivir sin ellas); además, el paganismo pre-cristiano tuvo sus grandes logros, por lo que habría que indagar cuál es la novedad del cristianismo si es que hemos de tomarnos en serio la Navidad. Sin entrar propiamente en teología, se puede decir que el cristianismo ha sido la única fuerza en la historia capaz de poner límite al ejercicio del poder de un hombre sobre otro: la exaltación de la humildad y del servicio, la noción de la igualdad de los hombres, son cosas que simplemente no tenían cabida en el mundo pre-cristiano. Son cosas que, si se mira de cerca, se descubren en el Pesebre, pero encontrar la razón de ellas implica llegar a un hecho que remecería la cultura actual, como lo hizo con el mundo pagano en que nació.

El gobierno y la delincuencia

La gente, mediante “cacerolazos” y cartas a los diarios, le pide al gobierno que detenga la ola de delincuencia. Es razonable: los gobiernos se forman, entre otras cosas, para entregar seguridad, custodiar el orden público y garantizar la tranquilidad y la paz. Pero no se saca nada con reclamar. Este gobierno está de lado del delincuente y no del ciudadano común. No se trata de algo explícito, no, pero de un sentimiento sutil que conforma una mentalidad. Son ciertas ideas generales sobre el mundo, el hombre y la sociedad que van, poco a poco, decantando en acciones u omisiones, en una tendencia.

Estos sentimientos e ideas de fondo suponen que el delincuente, más que culpable, es víctima. Víctima de las estructuras injustas, del sistema cruel (que hay que cambiar).  El crimen es, por lo tanto, una respuesta a una violencia ya presente en la sociedad y el delincuente está en la vanguardia en la lucha contra el sistema. Por otra parte, la policía, los jueces, las cárceles son parte de un sistema represor (dispositivos disciplinarios) que oprime y criminaliza al que no se conforma con esta sociedad injusta. El que comparte la ideología que anima a nuestro gobierno no puede dejar de sentir cierta alegría cuando se entera de un asalto en el barrio alto. Retazos de esta sensibilidad algunas veces salen a la luz, como por ejemplo cuando una conocida periodista dice que los asaltos debieran considerarse como un impuesto a la riqueza. ¿Qué ocurre cuando un criminal asalta a una persona de izquierda? Será algo más que un error, por algo en un país del norte se decía que un conservador es un liberal que ha sido asaltado.

No viene al caso refutar esta mentalidad. Por una parte es un insulto a todas las personas de bajos recursos que buscan mejorar su condición mediante el trabajo y el estudio. Es un insulto, también, a la misma humanidad del delincuente, que es considerado como un animal incapaz de acción propia, que sólo responde al medio en que fue criado y los estímulos que recibe. Muchos ya han llegado a la conclusión de que el gobierno no hará más que cambios cosméticos, pero será completamente incapaz de controlar la delincuencia por un problema de fondo, no de gestión. A los ciudadanos no les queda más que defenderse por sí mismos: poner rejas, alarmas, luces, cámaras, cerrojos; transformar sus casas en cárceles. Lo grave es que esa defensa no puede pasar de ahí, si se usa la fuerza, hasta el punto de dañar al criminal, el ciudadano honesto teme que la ley se vuelva en su contra, no se imagina vivir al otro lado de la ley. Es, después de todo, un burgués viviendo bajo un régimen que lo desprecia.

Sobre el cambio de hora

Ha pasado el solsticio de invierno, los días empiezan a alargarse y hemos sobrevivido al nuevo sistema horario chileno. Nos han quedado algunas lecciones interesantes. Es destacable que el Estado tenga poder para fijar la hora: se suponía que las doce del día se definían por el punto más alto del sol en su recorrido (así como los cien grados se definen por la ebullición del agua), pero el parecer eso es demasiado incómodo y dado que es más fácil cambiar la hora que cambiar los horarios, el Estado decide cambiar la hora. En cualquier  caso, las horas de luz cada día siguen siendo las mismas, el poder del estatal no ha llegado a tanto todavía. Ahora bien, la hora oficial puede ser la que sea, pero los horarios tienen que tener alguna relación con la realidad objetiva. En relación con esto recuerdo que los neoyorkinos se jactaban de que las oficinas financieras de Chicago tenían que empezar sus labores una hora antes (según la hora oficial), para poder estar a la par con Nueva York (en otro huso horario). Al parecer la nueva hora oficial de Chile no guarda mucha relación con la realidad horaria chilena.

En Chile la gran mayoría se ha mostrado en desacuerdo con el nuevo horario de invierno; al parecer los resultados no fueron los esperados. El Gobierno, sin embargo, no ha echado pie atrás. Esta es la primera lección y no necesita de mayor explicación. De ésta se sigue otra. Es notable que a pesar de las incomodidades de esta medida nadie haya pasado de los reclamos (abundantes en los medios de comunicación) a la acción. Ninguna municipalidad, universidad, asociación de colegios particulares, oficina, industria, etc., ha atrasado una hora el inicio y el fin de sus actividades para mejor ajustarse a sus necesidades o cuidar de su gente. Esto, por supuesto, sería algo muy complicado, pero llama la atención que no se haya hecho ni un intento siquiera. La sociedad ha sido incapaz de organizarse para algo más complejo que una marcha o una campaña de recolección de alimentos: lo que pasa de ahí lo espera del Estado; pide que se cambie la hora oficial en vez de ajustar su horario por su propia cuenta al margen de los dictados burocráticos. Es una señal para el gobierno: frente al desacuerdo con una medida impopular la oposición más fuerte que puede esperar de la gente que trabaja son cartas al diario. (Ni una marcha, manifestación, huelga o campaña de recolección de firmas). El gobierno puede hacer lo quiera, la gente común acatará con unos cuantos alegatos inútiles e inofensivos y acabará acostumbrándose. Esto no es ninguna sorpresa, después de todo, son las mismas lecciones del Transantiago.

Sin miedo a las armas

Noticias recientes, nacionales e internacionales, han revivido los clamores para un control aún más estricto sobre los civiles que tienen armas. Se entiende, pero las leyes hay que hacerlas con la cabeza fría para no caer en desproporciones. Es comprensible que las armas pongan nerviosas a algunas personas, su poder destructivo es evidente y no tienen otro propósito, sin embargo es necesario poner esto en perspectiva, así se pasa de una reacción visceral a un juicio más razonado. Escribo esto como respuesta a la columna “¡Paremos la matanza! Expulsemos las armas de América” de Marco Canepa, publicada en El Definido. Entiendo el punto de vista del autor –y durante algún tiempo ese punto de vista fue el mío– pero creo que algunas distinciones y aclaraciones están en orden para un debate más productivo.

Comencemos con una objeción: un arma no es, como suelen decir los defensores del derecho a tener armas, aludiendo a Shane, una herramienta como cualquier otra. Un arma es una herramienta destructiva, sí, pero eso no la hace mala. Un hacha o un combo son también herramientas destructivas. Lo que hace especialmente destructiva a un arma de fuego es que su poder no depende de la fuerza del que la usa y además opera a distancia. Al funcionar en base a la energía almacenada en un producto químico, cualquiera puede aplicar enorme poder sin importar su edad o tamaño. (Esto es de especial importancia en un mundo en el que los más grandes y fuertes abusan de los más pequeños y débiles –por eso dijo Samuel Colt que él fue quien había igualado a los hombres.) Un arma se parece no tanto a un hacha, sino a una motosierra (una herramienta que impone respeto, exige un uso cuidadoso y también despierta temor en algunos). Si le agregamos que es de fácil manejo y pequeño tamaño, tenemos un artefacto destructivo único. Por lo mismo parece sensato regular el uso de armas de fuego, como se regulan otros artefactos que funcionan en base a energía almacenada en un producto químico, como los automóviles. ¿Pero eliminarlas completamente? Es aquí donde hay que enfriar la cabeza y hacer distinciones.

Lo primero es distinguir la propaganda de los argumentos. Me refiero a otro artículo publicado en El Definido, citado por Canepa en el suyo, que muestra una “tienda de armas” que sólo “vende” armas que han estado involucradas en accidentes o asesinatos. Vale. Eso le quita a cualquiera las ganas de comprar una, pero es sólo la mitad de la historia. Una actitud honesta hubiera exigido tener también en exhibición armas usadas exitosamente en la defensa de la persona o de la familia, armas de caza con las que campesinos hayan podido controlar plagas y llevar carne a la mesa de su hogar, armas deportivas con las que se hayan ganado campeonatos mundiales y medallas olímpicas. Pero la actitud propagandística sólo considera un lado de cada cuestión.

Lo segundo es aclarar que los llamados a prohibir la tenencia de armas se dirigen no tanto a la conducta sino al instrumento. En su artículo, el autor reconoce que esto es una solución parche, pero es sorprendente la fe en el parche. Es verdad que la restricción en el instrumento disminuye la capacidad del malhechor, pero las prohibiciones suelen ser acatadas por los ciudadanos honestos y no por los criminales. Se menciona que los delincuentes obtienen sus armas de los mismos ciudadanos honestos, pero lamentablemente ellos no son su única fuente y la tecnología actual permite fabricar armas caseras con relativa facilidad. Frente al problema de las armas de fuego como instrumento del crimen una solución más razonable parece ser combatir directamente al delincuente mediante la aplicación de las leyes ya existentes, porque el problema es el crimen, no las armas.

El Estado moderno reclama para sí el monopolio de la fuerza, pero éste no es completo. Los criminales también ejercen la fuerza y los funcionarios del Estado sólo llegan a tiempo para constatar el daño. El hecho es que frente a un criminal decidido el ciudadano inocente no puede contar con la defensa de la policía, que demorará en acudir a su llamado. Los derechos a la vida y a la integridad física son vacíos si es que hay una prohibición de poner los medios para defenderlos. Con una prohibición total para la tenencia de armas por parte de particulares, el ciudadano de a pie queda indefenso, dependiente de lo que el Estado pueda, o quiera, hacer por él en una emergencia.

Lo anterior nos lleva a un punto más delicado. No todos los países tienen una misma cultura de armas, reconoce el autor, pero por lo mismo, se trata de una cuestión que admite matices, y una cuestión prudencial no se ve bien servida por soluciones radicales. Aunque América sea el continente más violento, no parece prudente aplicar en Chile una medida provocada por la situación de Honduras, El Salvador o México (que, por lo demás, tiene una legislación sobre armas extremadamente restrictiva). De nuevo, el problema no parece estar tanto en el instrumento sino en la conducta. En Suiza, por ejemplo, la tenencia de armas es común y los suizos hace unos años rechazaron restricciones a la tenencia de armas, pero ahí no parece haber problemas de violencia. Se dice que países como el nuestro, en cambio, son inmaduros, por lo que correspondería una total restricción. De acuerdo. Pero si se acepta que la población de un país es demasiado inmadura como para permitírsele tener armas de fuego, una actitud coherente exige que se la considere inmadura también para otros asuntos de importancia, como pedir créditos, elegir a sus gobernantes, convocar manifestaciones (que suelen terminar con daños a la propiedad pública y privada), etc. A un pueblo inmaduro no se le pueden dar muchas libertades.

Con esto llegamos a la consideración penúltima: es una consideración teórica, pero que alguna vez ha visto su aplicación real. Un ciudadano armado, un pueblo armado, es capaz de defender su libertad frente a un Estado que podría verse tentado a usar el monopolio de la fuerza contra el mismo pueblo. No en vano recuerdan los defensores del derecho a tener armas que el primer registro completo de armas en manos de civiles fue realizado, sí, por la Alemania nacional socialista. Otros regímenes totalitarios luego hicieron lo mismo. Un arma de fuego, precisamente por las características que la hacen de temer, es la última línea de defensa del ciudadano honesto ante el más fuerte, sea quien sea. Eso lo aplicaron heroicamente los armenios defensores del Musa Dagh, cuya epopeya –relatada por Franz Werfel– ahora cumple cien años, por citar sólo un ejemplo.

Por último, no se puede dejar de reconocer que la posesión de un arma de fuego implica riesgos para quien la tenga: si no la sabe usar o no está decido a hacerlo, un delincuente podría quitársela y usarla en su contra. Podría ser encontrada por un niño y causar un accidente (como autos y piscinas son constantemente causa de accidentes). Aumenta el riesgo de que se concrete un intento de suicidio. Implica riesgos, sí, como permitir una marcha implica el riesgo de locales saqueados, como el voto universal implica el riesgo del populismo. A una persona inmadura, a un pueblo inmaduro, se le puede indicar qué riesgos tomar y cuáles no, y es siempre tentador declarar inmaduros a los demás. Por mi parte, asumo: prefiero tener un arma en casa mil veces y no necesitarla nunca, con todo lo que ello implica, a necesitarla una sola vez y no tenerla. La eliminación completa de las armas es una bella aspiración, pero no reconoce la condición de nuestro mundo caído.

Fomento de la cultura chilena

El senado acaba de aprobar la ley que obliga a las radios a trasmitir un 20% de música chilena (ya sea compuesta o interpretada por chilenos). Es delicado el asunto: si no se puede obligar a alguien a hacer algo, es problemático obligarlo a que lo haga de determinada manera. El interesado podría simplemente negarse del todo y la situación final vendría a ser peor que la inicial. Pero como el espacio para transmitir ondas de radio es limitado, es razonable que esté regulado en vistas al bien común, aun así no deja de causar cierta intranquilidad que el Estado pautee a los medios de comunicación. El ingenio humano sabrá zafarse de una imposición como esta; posiblemente las radios cumplan con la letra de la ley transmitiendo música chilena en un horario especial, entre dos y seis de la mañana.

La Sociedad Chilena de Derechos de Autor celebra, por supuesto, con esto espera aumentar sus ingresos, pero el radioyente interesado tiene otras opciones para escuchar la música que le gusta y explorar cosas nuevas. Habrá que ver si se produce una fuga –que no será muy numerosa; aquí se trata de influir sobre la multitud que nunca ha sido muy independiente– hacia emisoras online. Por otra parte, los músicos chilenos tenían otros medios para fomentar el gusto por su música, pero parece más fácil influir sobre los legisladores que hacerlo directamente sobre la gente. Se ha dejado de lado el trabajo previo, en la formación de los gustos, sentimientos y aficiones de las personas, que sirven de sustento a las  leyes. Se ha dejado de lado y pasado por alto a la sociedad. El camino que se tomó más parece proteccionismo y aunque un proteccionismo de este tipo no tenga grandes consecuencias siempre implicará algún tipo de injusticia en el otro extremo del tejido de relaciones sociales: cuando en un sistema dinámico e interdependiente se fija, o intenta asegurar, alguna de las partes (en este caso, las ganancias de la Sociedad Chilena de Derechos de Autor) las repercusiones suelen ser más fuertes para las demás partes, que se ven obligadas a soportar una mayor tensión.

Hay otros aspectos de la cultura chilena, sin embargo, que se sí han visto reforzados en este pequeño episodio: pretender arreglar problemas mediante leyes sin prestar atención a las costumbres, y recurrir o usar al Estado para solucionar un asunto que debía haberse resuelto mediante el trabajo de los directamente afectados e interesados.

La Teletón, un blanco fácil

Desde hace un tiempo se ha puesto de moda criticar a la Teletón. Los argumentos suelen ser que la salud es un derecho y por lo tanto no corresponde que las personas que necesitan rehabilitación tengan que esperarla de la generosidad de otros. Además, las empresas lucran con la publicidad que les hace la Teletón y esta misma publicidad exige que se expongan a la mirada pública las personas necesitadas de rehabilitación. Algo de razón hay en esto, pero no deja de recordarme lo que decía Ebenezer Scrooge, que se negaba a ayudar personalmente a los más necesitados porque para eso estaba el Estado y él ya pagaba sus impuestos. En estricto rigor la salud no puede ser un derecho, puesto nadie puede garantizarla; nadie puede exigirle al Estado o a otra persona que le devuelva la salud perdida. Lo que sí puede ser un derecho es el acceso a ciertos cuidados y tratamientos, pero un derecho así está limitado por las circunstancias y por lo mismo sujeto a ciertos límites, el alcance de los cuales se puede debatir.

Dada la realidad de la enfermedad y de la práctica médica, los cuidados y tratamientos siempre podrán ser más y mejores, y es muy difícil que el Estado esté en la vanguardia en esto, sobre todo si se trata de prestaciones a un gran número de personas. ¿Quién llega dónde el Estado no alcanza? Parece una pregunta sin sentido, teniendo presente que el control, poder y recursos del Estado moderno son algo nunca antes visto. Pero la pedestre realidad es distinta: muestra que el Estado a pesar ser poderoso nunca puede dar todo lo que los políticos prometen y es extremadamente ineficiente incluso cuando se trata de garantizar la seguridad de las personas y la integridad del territorio nacional (derechos básicos).

Por lo demás, si se ataca a la Teletón porque deja a la caridad algo debiese ser un derecho, también debiera decirse lo mismo de otras instituciones como la fundación Las Rosas, el Hogar de Cristo, Un Techo para Chile (hay empresas -¡un banco!- que han asociado su nombre a esta iniciativa), etc. Eso ya no estaría tan bien visto. En todo caso, si en un mundo o en un país ideal este tipo de instituciones no son necesarias, no es nuestro caso. Pero hay algo más, y es que las asociaciones voluntarias para la ayuda de otros hacen algo por la sociedad que el Estado difícilmente puede hacer, que es precisamente promover la solidaridad, la unión entre las personas. El Estado puede usar la fuerza para abrir el bolsillo de los contribuyentes, sacar dinero y usarlo para pagar infinidad de programas sociales, pero el Estado no puede sacar a nadie su egocentrismo y hacer que se abra al necesitado que está a su lado.

Las autoridades y el terrorismo

Los bombazos en el metro y en otros lugares, los ataques a camiones y buses en la Araucanía han llevado a algunos a hablar de una falla del Estado. Pero hay que tener cuidado con las palabras, que llevan implícitas ciertas imágenes e ideas. Decir que el Estado ha “fallado” puede dar la impresión de un defecto material, inevitable con el tiempo (como la falla de un motor). Pero el Estado está compuesto de personas y muchas veces las fallas de este tipo tienen que ver con la voluntad.

Frente a bombas e incendios se afirma el derecho a vivir en paz, se dice que el primer deber del Estado es la protección de las personas, pero hay algo que no se toma en cuenta: en este momento nuestras autoridades están de parte de quienes ponen bombas e incendian, por eso, entre otras cosas, vacilan en llamarlos terroristas.

Por supuesto que lo anterior no se aplica a todas las autoridades, ni a todo el aparato estatal. Tampoco es que haya una declaración, o actitud declarada, en favor de quienes alteran el orden. No. Se trata de la visión, el espíritu, que anima a los actuales gobernantes. No olvidemos que su talante es revolucionario: aplanadora, derrumbe, retroexcavadora son las palabras de su vocabulario. Algunos fueron miembros de organizaciones como el FPMR o el MIR. Hoy siguen celebrando a esas organizaciones en sus aniversarios.

La izquierda, renovada o no, siempre tiene una alguna simpatía (mayor o menor, dependiendo de la persona) por cierto tipo de violencia. El agricultor es un terrateniente, y si le toman un campo que ha trabajado por años, el socialista entiende que el país no puede funcionar así, pero en sus adentros está más del lado del que se toma la propiedad ajena que del que defiende la propia, la reforma agraria no está completamente olvidada. Un propietario de camiones es un empresario, y si un exaltado los quema, bueno, mientras no acabe con toda la maquinaria del país, el izquierdista encontrará una manera de disculparlo (estructuras de opresión, violencia sistémica, etc.).

En el fondo, nuestras autoridades actuales sienten algo de añoranza, admiración y envidia por quienes hoy siguen la vía violenta. Son los viejos que no pueden ver las travesuras de los jóvenes sin un dejo de simpatía. No es que el Estado haya fallado o fracasado en la protección del ciudadano de a pie. El Estado ha estado simpatizando, de una manera u otra, con los mismos violentos de siempre (y con algunos nuevos). Los ha encubierto, los ha indultado, les ha pagado y ahora los mira sin decidirse si le conviene poner su lealtad con los compañeros o con la ciudadanía.

Descentralización, a partir de un ejemplo

A los que vivimos en regiones –a algunos, al menos–  la consigna de “más Estado” hace que se nos venga a la cabeza la idea de “más Santiago”. Todos parecen estar de acuerdo en que la descentralización es algo bueno, pero son menos los que sabrían decir por qué.  Al fin y al cabo, parece conveniente que todos nos vayamos a Santiago (esa es la tendencia, en todo caso) y arrendásemos el resto del país un buen inquilino. A veces da la impresión que la descentralización es más un asunto de mejorar la vida de los Santiaguinos (tantos autos en las calles, tanta gente en el metro, tanto que esperar para salir los fines de semana largos…) que del desarrollo de las regiones.

Pero por cómodo que fuese reducir el país a Santiago (qué eficientes las economías de escala, qué simples las campañas y promesas electorales en un espacio tan reducido, qué fácil gobernar un país tan centralizado desde un poder ejecutivo tan poderoso), la descentralización es necesaria. Para ilustrar esto, un ejemplo.

Hace poco que una de las instituciones donde trabajo construyó un nuevo edificio. Ganó un premio por ser un aporte arquitectónico a la ciudad (parece que el secreto está en el hormigón a la vista), pero muchas salas tenían un pequeño defecto: las ventanas no podían abrirse. Cualquiera sabe que después de una hora haciendo clases con una veintena de alumnos o más, hay que renovar el aire. No es que los arquitectos no lo hubieran pensado; la decisión quedó en manos del poder central. Una unidad de aire acondicionado renovaría el aire y regularía la temperatura según fuese necesario, sin la intervención de la población local.

Por supuesto que la central de aire acondicionado no podía saber si una sala en particular necesitaba más aire fresco que otra (por tener más alumnos o más tiempo de clases) o mayor temperatura. Además, como el que toma una mala decisión desde una central no sufre los efectos de ésta, es frecuente que el poder central sea poco eficiente o poco involucrado.

Aun bajo circunstancias adversas no se puede caer en la pasividad; el aire fresco en una sala de clases es una necesidad vital. Donde el control centralizado cierra una ventana, el profesor y los alumnos abren la puerta. Solución sub-óptima: desde los pasillos llega ruido, y en un sistema de ventilación pensado para ser controlado centralmente las puertas se cierran automáticamente. Mantenerlas abiertas requiere de un esfuerzo adicional. La silla o el basurero sirven de tope o cuña, con el consecuente deterioro de puertas y basureros. Un pequeño error al comienzo empieza a tener repercusiones insospechadas.

Mucho de esto podría evitarse, pero es muy difícil que el que tiene poder, el gobierno en Santiago, lo ceda, y en el intertanto, las regiones se han acostumbrado a recibirlo todo de la capital porque no todos los problemas son tan sencillos como ventilar una sala de clases en un moderno y premiado edificio.

Lo que el Estado no me puede dar

Si el gobierno anterior de Michelle Bachelet tuvo un lema, se podría decir que fue el de la “Red de protección social”. El Estado protector, no subsidiario. Lo que aquello pueda implicar para la política en el futuro más a largo plazo, o incluso para la independencia de los ciudadanos, no se discutió. Nunca hemos sido muy amantes de la libertad.

El gobierno que comienza en marzo promete lo mismo y en mayor cantidad. Antes de asumir ha caído una subsecretaria que no estaba completamente adherida a la consigna de la gratuidad en la educación universitaria.

La red de protección social es una buena imagen de Bachelet: es como una madre recoge al niño que tropieza y cae. Ahora, si cuando uno tropieza (no ahorró para la vejez, no previó que podía quedar sin trabajo, etc.) no se observan consecuencias, es probable que uno se vuelva cada vez más descuidado.

Los llamados derechos sociales, salud y educación son los principales que se mencionan, son complejos. Los derechos se refieren a aquello que a uno le es debido. Si uno tiene un derecho, otro tiene el deber dárselo (y esa es la principal relación entre derechos y deberes). Por eso, los derechos a secas son, no aquellas cosas que a uno le tienen que dar, sino aquellas que a uno no le pueden quitar: la vida, la honra, la libertad, etc.

Además de garantizar los derechos, el Estado –al que los amantes de la libertad querían originalmente limitar– puede hacer muchas cosas y de hecho las hace. (Para eso exige contribuciones de los ciudadanos con mecanismos como el IVA y una buena parte de ellas las despilfarra en cosas como el Transantiago, los sobres con billetes, el financiamiento a los partidos políticos, etc. Eso es un escándalo, pero no escandaliza a muchos.)

Parece que para algunos la situación ideal sería una en que el Gobierno se hiciera cargo de todo y la responsabilidad individual quedara reducida al mínimo. Sin embargo, por mucho que pueda hacer el aparato estatal –incluso aunque llegue a otorgar todos los servicios– hay cosas que el Estado no puede hacer por uno, cosas que el Estado, por grande, rico y poderoso que sea, no puede dar.

La dirección u orientación de la propia vida, es decir, el querer profundo, queda siempre como responsabilidad de la persona. Puede haber educación gratuita, pero las ganas de aprender las pone uno, puede haber empleos estatales para todos, pero el afán de superarse no puede venir de la burocracia. Todos habrán visto alguna vez un caso de alguien a quien se le dieron cosas en abundancia, pero no hizo nada. Es más, una situación así puede llegar a narcotizar. El estado puede darlo todo, menos lo más importante. El mercado también.

Saqueos y Centralización

Cuando terminó de temblar el 27 de febrero hace casi cuatro años, y comprobé que el corte de luz era total, fui a revisar que las armas estuvieran en su lugar. En la oscuridad total podía esperarse un saqueo. Sin embargo, en el centro de Santiago no pasó nada y, era una ventaja de vivir a un par de cuadras del Ministerio de Defensa, los servicios básicos estaban restablecidos antes del mediodía. No fue así en otros lugares de Chile.

Los saqueos, sean en Córdoba o en Concepción, son una manifestación del fracaso de la política más patente y grave que la abstención electoral. Significa que una buena parte de la gente respeta las leyes penales sólo por temor al castigo (lo que en general se reserva para las leyes de tránsito), y que toma muy poco para que la sociedad se descomponga. Sólo una delgada línea de Carabineros marca la frontera entre la civilización y la barbarie, dice el tópico.

Pero los saqueos en Concepción nos llevan a otro tema: la centralización. Hay muchas aristas, pero podemos comenzar con una afirmación. Frente a un problema, la solución más adecuada y rápida, puede conocerla y aplicarla mejor quién esté contacto directo con el problema. En Concepción, el problema urgente después de los desastres naturales fue el saqueo. La autoridad local tenía pleno conocimiento de la gravedad del caso, mientras que para la autoridad central era uno entre muchos, y al no sentirlo directamente, vacilaba por consideraciones políticas.

La alcaldesa hacía llamados públicos al poder central para que desplegara a las fuerzas armadas para restablecer el orden. La administración central se demoró tres días en hacerlo. (La presidenta dijo hace poco que su respuesta había sido inmediata). Decir que la autoridad nacional entregó al saqueo a la ciudad de Concepción durante tres días puede parecer exagerado, pero así lo ven algunos vecinos.

Por supuesto que algunos problemas locales necesitan, para su solución, de recursos materiales y administrativos, que, por economías de escala, tienen que estar concentrados. Además, una excesiva autonomía de las partes puede ir contra la coordinación necesaria para el buen funcionamiento del todo. Sin embargo, la dependencia casi completa de las regiones respecto de la capital puede resultar desastrosa, como experimentaron las autoridades penquistas que veían el caos a su alrededor sin poder hacer más que rogar a un gobierno nacional colapsado y distraído que se ocupara de un problema lejano.

La descentralización no pasa sólo por la distribución de recursos (que es lo que piden los movimientos sociales), sino también por la autonomía en la toma de decisiones. Esto se ve con particular nitidez en el caso de las emergencias. Esa autonomía puede también crear las condiciones para que se generen recursos (o al menos evitar su destrucción). Ahora bien, ceder poder, ceder control, es algo que difícilmente puede esperarse de un político o un burócrata, pero examinar las tendencias propias de la democracia y el Estado moderno es algo que excede el modesto propósito de este escrito.

Admisiones

Avanzado el semestre se encontró conmigo un alumno de asistencia irregular. Me pidió que le resumiera las clases que se había perdido. Le expliqué que era injusto que yo trabajara el doble porque él no cumplía con su deber. Los estudiantes son sensibles al concepto de injusticia, sólo que no suele ocurrírseles que ellos también pueden cometerla.

Superada la introducción, me dijo que se le hacía difícil mi ramo; le respondí que sólo necesitaba comprensión lectora. Aquí vino el primer golpe: me preguntó (con cara de quién va a ganar la partida) por qué asumía yo que él debía tener comprensión lectora. La verdad, no lo había pensado. Mencioné que una cierta capacidad de comprensión lectora era esperable, dado que había sido admitido a estudiar una carrera, en una universidad del CRUCH. Con candidez me informó que no. Tuve que darle la razón, pero me defendí aludiendo a que él ya estaba en cuarto año.

Al despedirse me preguntó si yo le recomendaba asistir a las clases que quedaban. Sorpresa: la falta de comprensión lectora era quizás un problema menor. Mi respuesta –me avergüenza decirlo– no fue muy académica.  En todo caso el alumno reaccionó y fue más responsable; es de justicia consignar eso. Traté de pensar que se trataba de un solo caso entre muchos, que no se podía generalizar… pero esa misma tarde me encontré en la calle con otro alumno en situación similar, que también me pidió que le entregara un resumen de las clases que se había perdido.

Dos eran demasiados. Revisé los puntajes de corte de algunas carreras de la universidad y eran muy bajos. Consideré si era inmoral admitir a una persona con escasa capacidad de comprensión lectora (y de la realidad), si acaso estaría bien bajar la exigencia para que un alumno así pudiera terminar la carrera y titularse. No todo es culpa de las universidades, por supuesto. Los alumnos vienen con graves carencias; el problema educacional de Chile está en el colegio y aun antes.

Pero la realidad tiene sus exigencias: las universidades se financian con las matrículas, por lo que tienen que admitir a un cierto número de alumnos y eso significa bajar el nivel. La rectoría empuja en una dirección, los decanos resisten. No pueden permitirse perder a muchos, por lo mismo. Contraerse llevaría a recortar o eliminar otros proyectos, lo que no se vería bien.

¿Y si el Estado financiara la educación universitaria, como espera la calle? No es tan sencillo, porque eso podría implementarse de diversas maneras. Si el financiamiento continuara atado a cada alumno la situación no cambiaría mucho. Si, por otra parte, las facultades recibieran el financiamiento, algunas (historia, literatura, filosofía, física teórica, lenguas clásicas…) tendrían dificultades en justificarse ante a una sociedad que tiende a valorar sólo lo útil. Puede hacerse, claro, pero es difícil cuando los recursos son escasos y las necesidades apremiantes. ¡Qué lejos estamos de que haya cátedras constituidas y bibliotecas dotadas por benefactores privados, como ocurre en otros lados! ¡Si tan sólo, entre las virtudes que se esperan de los notables, se encontrase la magnificencia! ¡Si se entendiera que no sólo existen el trabajo y la diversión pero también theoria, la contemplación! Pero me he desviado demasiado del tema inicial. 

Donaciones, expropiaciones y pasividad

La nueva ley de donación de órganos suscitó varios llamados a la reflexión acerca de qué significa donar, del valor del propio cuerpo, de la solidaridad, de la función pedagógica de la ley, etc. No es nuevo decir que si algo hace falta en nuestra sociedad es reflexión (no hay solución a eso, por ahora).

Dentro de las consideraciones que se han hecho sobre la nueva ley está el aumento del poder del Estado, que dispone de los cuerpos de los ciudadanos salvo que estos se molesten en hacer valer sus derechos explícita y burocráticamente. (Frente a esto, la expropiación del dinero ahorrado para la vejez parece bastante leve.) Se dijo también que los legisladores han abusado del lenguaje, es decir, manipulado a la gente, ya que una donación por definición no puede ser forzada. Pero la reflexión nos puede llevar aún más allá.

Si para algunos esta ley busca crear una sociedad más solidaria (difícil hacerlo por medio de la obligación legal y después de muerto el sujeto), se pasa por alto que también implica una sociedad dónde se acentúa como valor fundamental la prolongación de la vida y la salud. Por supuesto que la conservación de la vida es algo bueno y necesario, pero de ahí no se sigue que sea lo más importante. De hecho no puede serlo: la vida es para algo más que simplemente mantenerse. Que el propósito de la vida sea el seguir viviendo es simplemente un absurdo. Es problemático que en una sociedad pluralista esté prohibido preguntase en público cuál sea el bien superior.

Tomada en conjunto con otras iniciativas legales recientes uno puede llegar a formular esta interrogante de un modo extremo ¿habrá algo por lo que valga la pena sacrificar la salud y la vida? Permítaseme una digresión de humor absurdo, pero a mi parecer ilustrativo. Imagino las indicaciones del Ministro de Salud a los tripulantes de la Esmeralda: “Saltar al abordaje de acorazados puede ser dañino para la salud”, o a los soldados del antiguo Regimiento no. 6 “Chacabuco”: “Combatir hasta la última bala, sin rendirse, puede resultar en lesiones o incluso muerte”. En fin, creo que no hace falta abundar.

Aunque la dirección y propósito que se da a la vida sean algo en lo que el Estado no pueda entrar, es imposible que el éste  sea neutral en la orientación que da a sus leyes. Y aunque hoy no pueda o no se atreva a definir lo que es una vida bien vivida, la misma pretendida neutralidad exige al menos un respeto por la libertad, que es un bien espiritual, incluso por encima de la salud, que es un bien material. (Esto ya es orientador.) Es cierto que la ley es pedagógica, pero esta ley en particular, más que enseñar solidaridad puede que termine ensañando un utilitarismo extremo.

A modo de epílogo, otra consideración. Es cierto que esta ley no obliga totalmente, pero se basa, para funcionar, en la pasividad de los chilenos: muy buenos para salir a la calle a reclamar cosas que no tienen, pero casi siempre incapaces actuar para defender lo que sí tienen, sobre todo si son derechos y libertades. Esta tendencia se acusa también en la reciente propuesta de ley de propina sugerida.

Profesionales Importados

Hace unos días un amigo comentaba que se estaba notando la llegada de los profesionales españoles a Chile. No estaba muy tranquilo, eran competencia. No manejo números, pero otro añadía que todas las semanas le llegaban un par de peticiones de trabajo desde España. La crisis europea, y sobre todo la falta de empleo, está haciendo que la historia (algo) se repita: españoles aventureros dejan la Madre Patria para ir a buscar mejor fortuna en el Nuevo Mundo.

No hace falta entrar a investigar las causas de la crisis en Europa, son bastante complejas, y van más allá de la economía. Además, quienes las entienden no necesitan una explicación, y a quienes no las entienden una explicación no les serviría (¿O habrá que abundar acerca del fracaso del Estado de Bienestar después de los disturbios en Suecia?). Es una lástima no poder escarmentar en cabeza ajena. Pero podemos considerar un pequeño detalle.

A pesar de que unos cuantos recién llegados pongan nerviosos a los que ya están acá, y que algunos individuos salgan personalmente perjudicados,  es de esperarse que el resultado general sea bueno para el país; implicaría un alza en el nivel general de los profesionales, en cantidad, por supuesto, y quizás también en calidad. Muchos de los españoles que llegan a estas costas tienen, además de su título, algún postgrado.

Sin embargo, aunque los títulos puedan ser equivalentes, hay una diferencia entre los profesionales importados y los hechos en Chile. Los europeos estudiaron con mucha ayuda del Estado. “Competencia desleal” dirá el atribulado chileno, que tuvo que pagarse sus estudios recurriendo a su familia o a la deuda, mientras el español que llega a postular al mismo puesto de trabajo descansaba sobre los contribuyentes – y aprovechaba de añadir un magíster a su título.  Es por esto que este influjo de profesionales españoles no es una exportación, sino más bien un regalo de España a Chile. No deja de ser extraño que el dinero del contribuyente español termine, finalmente, beneficiando a una empresa o institución chilena. Lo triste es que al contribuyente hispano no le sobran los recursos.

Si se tratase de cosas materiales, los chilenos afectados podrían invocar alguna ley que los protegiera de la llegada de bienes subsidiados por un Estado extranjero, pero las personas no son sometidas a ese escrutinio. Como moraleja de todo esto, se puede concluir, tentativamente, que la educación gratuita no sirve de mucho si se descuidan las condiciones para que pueda aprovecharse. En el peor de los casos, los recursos pueden terminar lejos del país, en algún lugar insospechado.

La candidata afectiva

Algunos esperábamos que la candidatura de Michelle Bachelet reventara por su evidente incompetencia, pero la irritación seguía al asombro al verse que parecía imposible botar a la candidata.

Sin embargo las cosas ocurren de manera distinta a lo esperado y, en vez de reventar, la candidatura de Bachelet parece irse desinflando de a poco. Habrá que ver cuánto alcanza a desinflarse de aquí a noviembre. Por lo mismo escribo esta columna antes que quede obsoleta.

A pesar de la baja de entusiasmo en las filas del bacheletistas, aún muchos se preguntan cómo es posible que el actual gobierno tenga menos aprobación que el anterior, cuando por donde se mida lo haya hecho mejor. No se trata sólo del crecimiento económico y empleo, sino también de la reducción de la desigualdad y pobreza, aumento del ingreso mínimo real, etc.

Una explicación posible está en el hábil manejo, por algunos sectores, de cierto descontento acumulado, y en la poca habilidad comunicacional del gobierno. Algo de eso habrá. Pero me parece que para buscar la causa hay que ir un poco más profundo.

Lo que todos queremos, en última instancia, es felicidad, y el actual Presidente hace muchas cosas pero no entrega eso. Michelle Bachelet, en cambio, a pesar de su falta de carácter para actuar y de su nula responsabilidad para hacerse cargo de lo que hace, sí entrega felicidad o al menos un sentimiento que se le parece.

Esto es serio, porque nos remite a la pregunta sobre qué debe hacer un gobierno por los ciudadanos. La respuesta que casi siempre obtengo cuando pregunto esto a mis alumnos (estudiantes en una universidad tradicional no-estatal) es que la función del Estado es satisfacer todas las necesidades. Eso explica bastantes cosas. Si les pregunto si eso incluye las necesidades afectivas, se ríen un poco. Pero eso es lo que hace Bachelet.

Si el actual gobierno reemplazó la política por la técnica, el gobierno anterior politizó hasta los sentimientos. Quizás el error de Piñera y asesores, fue querer cumplir los anhelos más profundos de los chilenos sólo con un gobierno eficiente, olvidando que lo que estaba en juego era algo más amplio: dejar claro que la función del Estado no es hacer que los ciudadanos se sientan queridos y felices, sino velar por el bien general. Esto puede parecer la receta para una derrota, pero el ofrecimiento de Churchill al pueblo inglés fue “sangre, trabajo, lágrimas y sudor”, y el Primer Ministro obtuvo apoyo.

Ahora, si la frase de Churchill suena a locura, no es sólo porque sean estos otros tiempos, sino porque la costumbre de esperar la satisfacción directamente desde el Estado (más que un orden que habilite para conseguirla) ha calado tan hondo que a pocos se les ocurre cuestionarla. Alguien que intente ganarle a Bachelet no en su propia cancha de generar sentimientos simpáticos y afectuosos, sino que quiera cambiar la manera de entender la función del gobierno y la política, tendría que ser un estadista, y en el modelo de nuestra ex-presidenta, los estadistas no caben.

El tabaco, en serio

Hace unas semanas escribí algo liviano sobre el tabaco, y aunque pedí al lector que no se escandalizara, hubo alguno que lo hizo. Al parecer hay cosas sobre las que no se puede bromear.  He aquí, entonces, una columna seria sobre la situación actual del tabaco.

En honor a la transparencia, comencemos con una declaración de intereses: soy fumador ocasional de pipa, y fumo habanos cuando me los regalan. No fumo cigarrillos, y no recibo dinero ni especies de la industria tabacalera.

Podemos continuar aclarando que todos los fumadores de tabaco que conozco –incluyéndome– están conscientes que el humo del tabaco es dañino para la salud corporal de quien lo respire. (Algo que, acerca de su propia hierba, los fumadores de marihuana son reacios a admitir –una vez un marihuanero me habló durante media hora sobre los beneficios de fumarse unos pitos regularmente– pero esto es accidental.) No es eso lo que se discute: el asunto es el celo con que se persigue a los fumadores, considerando el daño total del tabaco.

El tabaco, a diferencia de otras drogas legal o socialmente aceptadas, no genera crimen o patologías sociales, tampoco llega a alterar la conducta de manera en que se disminuya la conciencia o la capacidad de decidir. Esto hace que, socialmente, el tabaco sea bastante más inofensivo que otras sustancias que no parecen llamar mucho la atención de las autoridades. No por ello es el tabaco una planta inocente, pero dado que los recursos legislativos son limitados, el fumador se pregunta si acaso el legislador no tiene cosas mejores en las que ocupar su tiempo. No vamos a enumerar factores, o conductas, permitidos e incluso fomentados, que sí causan un deterioro social, para no ofender a quienes puedan sentirse aludidos.

El daño que causa el fumar está bien establecido, pero un análisis equilibrado muestra dos cosas. Primero, que el daño físico –enfermedad y muerte–  es el destino que aguarda a todos, quiéranlo o no. Esto no implica que no se deba hacer un esfuerzo por conservar la vida, pero sí que la muerte o la pérdida de la salud no deban ser tratadas como el peor de los males. Ese parece ser el mensaje que trasmiten las autoridades. Este mensaje, por supuesto, implica una visión del mundo que pone casi todo el énfasis en un solo aspecto del ser humano. Esta manera de ver la vida es tan fuerte que hace que se justifique el morbo y el recurso al miedo (mediante imágenes) para impedir el tabaquismo, cosa que de tratarse de otros males generaría total rechazo.

En segundo lugar, si bien está establecida la relación causal entre tabaco y enfermedad mortal, esta relación no es completa: no todo fumador muere de causas relacionadas con el tabaquismo. (Además, si un fumador deja de fumar, al disminuir su riesgo de morir de cáncer pulmonar aumenta el de morir de otra causa.) Lo preciso sería hablar de riesgos, pero cuando se trata de tabaco la autoridad no usa matices,  llega al punto que algunas cajetillas de cigarrillos llevan frases como “Cuando tu fumas, todos mueren” o “El tabaco te matará a ti y a los que te rodean” lo que es manifiestamente una exageración, pero si se trata de oponerse al tabaco, todo vale.

Dado el tipo de daño que provoca el tabaco, el celo con el que se lo persigue parece exagerado. Este celo exagerado es manifestación de un desorden humano más grave que el fumar habitualmente unas hojas de tabaco. Eso es lo que tenemos los fumadores contra quienes han hecho del fumar un crimen horrible e imperdonable, cuando entre gente razonable este tipo de diferencias se solucionan con buenos modales.

Sueldos Mínimos

por Federico García (publicado en El Sur, de Concepción)

Nadie puede vivir dignamente con el sueldo mínimo. Menos mantener a una familia (no es que al Estado le haya ocupado mucho la familia en los últimos 22 años). Pero además de eso, hay otros aspectos a considerar.

El sueldo mínimo, real, no es el que indica la ley. El sueldo mínimo es cero: lo que gana un hombre sin trabajo. En el trabajo informal (limpiar parabrisas o vender en las calles) tampoco rige la ley del sueldo mínimo. Ninguna ley puede afectar eso; hay realidades que un gobierno no puede cambiar directamente.

No hace falta explicar los efectos económicos de cambiar el salario mínimo legal, en parte, porque hay muchos factores que impiden una salida simple. En todo caso, si alguno se niega a reconocer lo que de hecho ocurre cuando se toman ciertas medidas económicas, peor para él y los que de él dependan.

Pero los problemas no acaban ahí. Todos tendemos a pagar sueldos mínimos. ¿O acaso el lector, frente a dos servicios de equivalente calidad elige el más caro? No es que los empresarios sean malos –es tan agradable ocupar la superioridad moral– simplemente actúan, a la hora de pagar, como actúa la mayoría a la hora de comprar.

¿Qué hacer para que algunos paguen más por las horas de trabajo, si otros no están dispuestos a pagar más por lo que producen aquellas horas? Disminuir la ganancia de unos es lo que se viene a la cabeza, pero los afectados se resistirán, tal como se resistirían los otros si es que les suben los precios (que es lo que suele suceder al final, en todo caso). Ojalá fuera tan sencillo como hacer por  ley que los que puedan, paguen sueldos más altos (en detrimento de los propios – que se presumen excesivos).

Además, las materias económicas no se rigen por criterios absolutos: no es lo mismo que pague el sueldo mínimo un emprendedor que ha comenzado su negocio hipotecando sus bienes y que sólo tiene deudas, a que lo que haga un empresario que obtiene grandes utilidades. Tampoco es igual que se pague el salario mínimo a un joven que se enfrenta a su primer empleo, que a un empleado que ha probado su habilidad con años de trabajo. Sería poco justo obligar a todos a lo mismo, porque no todos los empleados ni empleadores están en las mismas categorías.

A pesar de lo anterior, da la impresión (¿cuántos pueden hablar de estos temas con información real?) que muchos que pueden pagar más que el mínimo no lo hacen.  ¿Qué puede hacer el Estado para mejorar la situación de quiénes son muy débiles para hacerlo por sí mismos, sin perjudicar a la sociedad como un todo? La respuesta fácil probablemente sea incorrecta. Cabe notar, también, que en estas cosas el Estado siempre estará en desventaja, ya que los emprendedores siempre serán más inteligentes y hábiles que los legisladores y burócratas.

Quizás lo que falta es que los grandes y no tan grandes empresarios (incluyendo accionistas) se den cuenta que la paz y cohesión social tienen un valor, y eso implica un precio. Pero eso es otro tema, para otra columna.